Fuente: PAGINA/12 - Domingo 20 de setiembre de 2009
Por Adriana Meyer
DAMIAN LORETI, VICEDECANO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA
“La ley no impacta sobre la programación”
Participó, desde el ámbito académico, en el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Explica, entre otras cosas, cómo funciona la autoridad de aplicación en otros países y los cambios que podría o no haber en la programación si la iniciativa es sancionada.
Es semana de elecciones y en los pasillos de la facultad, que bullen de activismo militante en todos los claustros, lo paran cada cinco minutos. “La ley no impacta sobre la programación ni fija criterios estéticos, nada va a desaparecer. Habrá amplificación de la oferta, mayor transparencia sobre las condiciones de adjudicación, lo que se comprometieron a brindar, quiénes son los dueños y la publicidad oficial asignada. Argentina tiene sólo ocho ciudades con más de una oferta de televisión abierta, eso va a cambiar”, dice Damián Loreti, vicedecano de Ciencia Sociales de la UBA, sobre el nuevo escenario que abrirá la ley de medios.
Sus títulos de doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, de titular de la cátedra de Derecho a la Información de la UBA y de la de Derecho a la Comunicación de la UNLP los resumen de esta manera tanto sus colegas como sus adversarios: es una de las personas que más sabe en el país en esas materias. Cuando no está en la vorágine de la política universitaria y la actividad académica va a nadar, lee policiales negros o libros de historia, y escucha a jazz (John Coltrane, Thelonious Monk o Miles Davis) o clásica. “Milité en la Juventud Peronista cuando estudiaba y ahora en Carta Abierta”, dice cuando Página/12 le pregunta sobre su ideología.–¿Cuál fue el embrión del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
–Empecé a trabajar con la Ley de Radiodifusión cuando fui asesor del diputado Enrique Paz (PJ Jujuy) en el año ’88, él era de la Federación Argentina de Prensa, de la cual fui luego abogado, y también fui abogado del Sindicato de Televisión. Vengo trabajando hace muchísimo en los temas de radiodifusión y libertad de expresión. Cuando salió el decreto 527 (que prorrogó las licencias) era director de la carrera de Comunicación y sacamos una de las primeras declaraciones en contra, he trabajado con el CELS, soy miembro de su comisión directiva, y en temas de libertad de expresión fijamos posición crítica muchas veces.
–¿Usted es uno de los autores del proyecto?
–Me llamó (el interventor del Comfer) Gabriel Mariotto. Fui consultado en muchísimas cosas, pero la decisión de los contenidos y la redacción final quedó en manos de Mariotto, su equipo y luego imagino que Legal y Técnica. El texto responde a lo que muchos pensamos en la facultad. La carrera de Comunicación participó en la fundación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y la carrera y la facultad por resolución de su junta asesora y del consejo directivo adhirieron a los 21 Puntos.
–Luego de aprobar la ley, en el recinto cantaron la marcha peronista, y la diputada radical Silvia Vázquez pidió que otro grupo gritara con ella “Alfonsín, Alfonsín”. ¿El espíritu de esta ley nació en esa época?
–Francisco Delich dijo que apoyaba en general la ley en memoria de Alfonsín. Silvia Vázquez hizo lo mismo. Esto abreva del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del proyecto de Paz-Felgueras (PJ-UCR). Luego otro antecedente es el de Cositmecos, o el de Rafael Flores o el de Carbonetto-Stolbizer. Pero la matriz del proyecto actual la anclaría en la necesidad de entender a los medios de comunicación en la línea del Convenio de Protección de Diversidad Cultural de la Unesco que toma el Parlamento Europeo cuando hace la directiva europea para los servicios de comunicación audiovisual. También abreva bastante del derecho comparado bien actualizado en línea de recoger buenas experiencias de otros lugares, desde los derechos del público o los mecanismos de control antimonopólico en Estados Unidos, cosas vinculadas con protección de identidad del modelo canadiense, o las cuotas de películas de la legislación francesa. También la protección de adolescentes y niños.
–¿Cómo es la autoridad de aplicación en otros países?
–Suele tener predominio del Poder Ejecutivo, en los mecanismos de elección o en las propias personalidades que lo integran. Hay que diferenciar si son regímenes parlamentarios o no. En Estados Unidos los propone el Presidente, no tiene que haber más de tres del mismo partido, tiene un ciclo de rotación y al presidente lo nombra el presidente de la nación. En Uruguay son tres miembros, todos a propuesta del Ejecutivo, pero se respeta la minoría parlamentaria. En Chile hay una lista cerrada, pero el Ejecutivo propone al presidente, que dura 30 días más que él en el cargo para hacer la transición, y hay ocho miembros propuestos por el Ejecutivo en lista completa, que requiere aprobación del Senado. Si hay alguna objeción se rechaza toda junta. En México, el área depende de la Secretaría de Comunicaciones. En Canadá tiene una impronta más parlamentaria, pero porque tiene un gobierno parlamentario.
–¿Quedaron contemplados los pequeños radiodifusores a los que les han secuestrado equipos, que han estado en condición precaria por décadas?
–Hay instancias de solución de controversias por el uso del mismo canal, y una previsión de reserva de frecuencias. Pero no se hace una amnistía, los que estaban clasificados como clandestinos seguirán en esa situación. Hay mecanismos de solución, los que no pudieron ser regularizados.
–¿Por qué no se pudo llegar a esta instancia en 26 años?
–No tengo esa respuesta. Con tomar los diarios de la época de la presentación del proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, las críticas que recibió Alfonsín, los comentarios de los diarios en 2001, cuando Gustavo López quería mandar el proyecto, notas diciendo “amenazan con enviar la ley de radiodifusión” como si enviar una ley fuera un castigo, o la crítica permanente de “no se puede en un año electoral, no se puede en un año preectoral”, cuando en Argentina todos los años son lo uno o lo otro. Siempre pensé que el mejor momento para enviar un proyecto eran los tres meses posteriores a una elección. Y después mire los diarios de este año. Alguien decía que las cosas se cuentan solas.
–Alguien también dijo que el lobby mediático siempre pudo más que la voluntad política de los gobiernos. ¿Eso cambió?
–Silvia Vázquez dijo que cuando (Fernando) De la Rúa mandó el proyecto bajaron a la reunión de comisión sólo Pedro Calvo y Luis Brandoni. No tengo memoria de una sesión parlamentaria en la que se haya analizado el rol de los medios, de la política y los medios, la democracia. Lamento la ausencia de la oposición porque hubiera aportado a la ley.
–¿En qué medida fue estratégica la aceptación de modificaciones?
–El Gobierno entendió que esta ley necesitaba el mayor consenso posible. Sin perjuicio de ello, tanto Guillermo Mastrini como Martín Becerra lo han planteado y coincido, queda un flanco que cubrir. El reconocimiento de operadores que aunque no sean los dueños de los contenidos son los conductos para llegar a los contenidos tiene una gran influencia.
–¿Se refiere a las telefónicas?
–Sí, a las “telcos”, al no estar en la ley y ser ductos de contenidos hay que mirar rápidamente qué pasa con las telecomunicaciones. Hace falta plantearse un modelo de industria convergente, de la mano de la ley de medios. A mi criterio, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al equiparar los medios en términos de universalidad de actores, privilegia la protección del contenido independientemente de los ductos, o del continente. Lo que hay que hacer es generar instancias de pluralismo, y si uno no prevé cómo se saltan los cuellos de botella que generan los monopolios de los ductos tiene que establecer, como hizo Estados Unidos al revisar los procesos de concentración, instancias de pluralismo dentro de ese mismo ducto para propiciar la mayor oferta posible.
–El borrador inicial no contemplaba la manera de sostener económicamente a aquellos nuevos licenciatarios de pocos recursos nacidos de la desmonopolización. Es decir, gané la licencia, pero no tengo cómo sostener su explotación. ¿Esto fue modificado?
–Es debatible si la ley tiene que prever el funcionamiento de medios privados. En los ’90 algunas radios libres de Francia que vivían de la publicidad del Estado dijeron ‘esto algún día se va a terminar, o nos vemos coaccionados’. Finalmente se agregó un tope a la publicidad oficial en el proyecto. En algunos lugares de Europa existen leyes de fomento al pluralismo, que no tiene que ver con la publicidad oficial. Y en algún momento quizás haya que dar ese debate. Los relatores de libertad de expresión plantean la necesidad de que existan fondos que permitan sobrellevar el salto tecnológico digital por parte de los medios públicos y de las entidades sin fines de lucro.
–¿Por qué los actuales dueños de los medios no armaron su proyecto con la oposición? ¿Su objetivo es que no haya ley?
–No tendrían iniciativa, no tendrían claro qué hacer, o hay quienes piensan, y es una posición honesta, que la mejor ley de medios es la que no existe y lo que tiene que hacer el Estado es regular la asignación de licencias en base a subasta, con las reglas del mercado.
–¿Y cómo sale la libertad de expresión de esas experiencias?
–Owen Fiss tiene una frase contundente al respecto, plantea que al Estado se lo puede pensar como amigo de la libertad de expresión, pero en realidad el libre mercado de ideas no reconoce necesariamente al pluralismo. Me interesa destacar que la ley establece cuotas pero no hay ningún artículo dedicado a la calidad de los contenidos informativos que se puedan difundir; las sanciones previstas no tienen que ver con contenidos. Sólo hay cuotas de programación local o nacional y cumplimiento de horario de protección al menor. No hay ningún artículo vinculado con restricciones a la calidad, cantidad, naturaleza de la información, oportunidad, veracidad, información responsable o cualquier otra que implique una afectación a la libertad de expresión. Esto no quita que algunas expresiones deban ser sancionadas, y da para muchísimos debates, como el discurso del odio o discriminatorio o sobre la imagen de la mujer, porque el Estado está obligado a hacerlo por los Convenios Internacionales. Pero debe pensarse en mecanismos de autorregulación que no deben ser tomados por el Estado.
–¿Habrá juicios, medios que quiebren y despidos?
–Los Tratados de Inversión, en la medida en que no sean denunciados, existen y no se les pueden oponer normas de derecho interno. Hay países que hacen reserva para los medios, como Estados Unidos. Eso ya está contemplado en la Ley de Industrias Culturales. No imagino medios del interior cerrando porque tengan que tener cuota de producción local, y hay un período ventana para que se acomoden. Los sindicatos de trabajadores de medios trabajaron a favor de la ley. Me cuesta creer que los trabajadores acompañen algo que genera pérdida de empleos. Hay plazos para el establecimiento de la autoridad de aplicación, para la convocatoria de los Consejos Federales y lo mismo con la autoridad de los medios públicos.
–¿Cuál es el perjuicio real para los actuales dueños de medios?
–Los límites a la concentración. Cumplir cuotas de programación no te lleva a la quiebra.
–¿Pero sí a desprenderse de unas doscientas licencias?
–Esa es otra discusión, jamás vi esos expedientes. Si tienen más de un servicio complementario en la misma área de cobertura, la ley actual no lo permite. Ignoro sobre qué base hacen las cuentas. Si alguien tiene dos cables en la misma ciudad, o dos servicios codificados en la misma ciudad, o uno y uno, son dos servicios complementarios del mismo titular y la ley actual no lo permite.
–¿En cuánto tiempo habrá una pantalla y un dial diferentes?
–La ley no tiene nada que obligue a cambiar la pantalla, salvo cuotas de programación propia local e independiente. Pero no hay nada estético vinculado con esto. Habrá que ver las directrices que sugiera el Consejo de los adolescentes y los niños, debería haber un cambio inmediato en los medios públicos, donde sí hay cuestiones más firmes vinculadas al pluralismo, participación de diferentes sectores, etc. Debería notarse en algunos lugares la amplificación de la oferta, y respecto a todos una transparencia mayor sobre las condiciones de adjudicación, la programación que se comprometieron a brindar, quiénes son los dueños, cuál es la publicidad oficial que tienen asignada. La Argentina tiene sólo ocho ciudades con más de una oferta de televisión abierta, eso va a cambiar en la medida en que haya una vocación de expansión de las reservas de frecuencias. Si no el pluralismo es del que tiene la plata para el cable, o tener una oferta de un canal local a veces sin producción independiente.
–¿Determinado canal de noticias de cable va a desaparecer o las radios dejarán de pasar la música que pasan?
–No tiene asidero ese planteo. Nada de eso desaparece. La ley no impacta sobre la estética o la programación. No entiendo la pregunta.
–Algunos grupos mediáticos deberán desprenderse de señales de cable porque sobrepasan los topes establecidos por la ley.
–En ese caso la señal que no quieren que desaparezca puede ser con la que elijan quedarse.
