La discusión de fondo con los economistas ortodoxos sobre las causas y la dinámica del proceso inflacionario
POR CARLOS HELLER, Diputado Nacional, bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario
Las consecuencias sociales de los programas de enfriamiento de la economía sobre las clases populares siempre han sido mucho más graves que los efectos de la inflación. La inflación le quita poder de compra, pero el ajuste les quita el trabajo.Para comenzar a hablar de inflación hay que tener en cuenta que en la Argentina ha sido históricamente un mecanismo de licuación de los salarios; al ser más lenta la recomposición salarial, siempre fue detrás de los precios, y en ese proceso se perdió gran parte del poder de compra de los trabajadores, como así también se generaron innumerables océanos de rentabilidad en las grandes empresas.
Utilizando una metáfora que repito insistentemente, la inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas, un síntoma y no una enfermedad en sí misma. Entonces, puesto que nadie está enfermo de fiebre, la discusión de fondo es determinar cuál es la enfermedad.
Este diagnóstico de los orígenes de la inflación excede ampliamente el ámbito económico, ya que la adopción de una u otra explicación revelan ideologías y políticas bien definidas.
La crisis financiera internacional de la que se está saliendo no sólo con gran dificultad, sino también con altos costos sociales, en especial en lo relativo al desempleo, fue generada en gran parte por la aplicación de las recetas monetaristas y el conocido andamiaje teórico neoliberal del consenso de Washington. Sin embargo, las grandes debilidades que exhibió la crisis sobre las teorías que alimentaron su gestación no fueron suficientes para que las mismas perdieran adeptos.
Por eso aún hoy es habitual encontrar en el plano internacional, y especialmente entre los gurúes de la economía argentina, quienes relacionan la inflación con la emisión monetaria.
Personalmente, he tenido que rebatir esta tesis hace sólo unos días ante un economista ortodoxo al discutir la situación de la economía argentina. No sólo resulta inaplicable en un país como el nuestro, con un muy bajo nivel de monetización, sino que puede citarse que desde el primer trimestre de 2008 la base monetaria ha venido creciendo bastante menos que el PBI nominal, con lo cual, aplicando la errónea tesis, los precios deberíanhaber bajado, una situación que huelga decir que no se cumplió.
Generalmente, esta preocupación por la expansión monetaria viene montada sobre otra mucho más habitual: el origen de la inflación se encuentra en el incremento desmesurado del gasto público.
Esta tesis también puede ser refutada con la simple observación de la realidad.
A finales de diciembre de 2008 y principios de 2009, como consecuencia de la crisis, tanto las expectativas de inflación como la inflación se frenaron, a pesar de que venía aumentando el gasto público con las políticas anticíclicas. Cuando la gente retrajo su consumo por el temor a la crisis, los empresarios redujeron su margen de ganancias y aplicaron grandes rebajas, pero al recomponerse el consumo (gracias a medidas sociales del Gobierno) rápidamente comenzaron a aumentar algunos rubros, en especial los más sensibles.
Queda claro entonces que la suba de precios no tiene su origen en el aumento del gasto, sino en el poder de los formadores de precios.
Y si la suba se produce en alimentos y bebidas, es porque con la universalización de la asignación por hijo y sobreaguinaldo de jubilados, entre otras iniciativas, se produjo una distribución del ingreso que fue a los sectores que dedican la gran mayoría de su gasto a los alimentos y bebidas. De la misma forma puede suceder con el último aumento del 8,2 por ciento a jubilados, una gran masa de dinero, en una economía que no se encuentra al borde de la capacidad instalada, sino que se está manejando con niveles de capacidad ociosa, por lo cual no debería “recalentar” los precios.
Pero, si bien los números y la realidad las refutan, tanto la tesis de la expansión monetaria como la del gasto público sirven para presentar un enfriamiento de la economía como saludable.
Y en este aspecto hay una cuestión fundamental: las consecuencias sociales sobre las clases populares de los programas de enfriamiento de la economía -o de ajuste, como también suelen denominarse- siempre han sido mucho más graves que los efectos de la inflación. La inflación les quita poder de compra, pero el ajuste les quita el trabajo.
El origen de la inflación es estructural, es fruto de la puja distributiva. Pero conviene aclarar que es una puja bastante desigual, puesto que los precios siempre le terminan ganando a los salarios, salvo en periodos recientes en los cuales algunos sectores de trabajadores tuvieron un incremento en su poder de compra.
También la capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculada con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos.
La comercialización de granos es un mercado de este tipo, donde las grandes multinacionales exportadoras trasladan la totalidad de las retenciones a los productores.
También sucede en el caso de la carne, que está hoy en el candelero. Hubo una recomposición del precio de los productores, con aumentos en el precio del kilo vivo del novillo en Liniers del 82 por ciento en pesos y un 74 por ciento en dólares desde mayo de 2009 al último dato conocido. Pero esto repercute además en un fenomenal aumento del precio a los consumidores, porque en el medio interviene toda la cadena de distribución, en especial los frigoríficos. Este es un tema que hay que encarar y resolver definitivamente con políticas que surjan de acuerdos entre el Gobierno y los actores, con la participación de productores y consumidores.
En esta puja, es fácil ver quien saca ventaja.
En el último trimestre de 2009 se registró un volumen récord de utilidades enviadas al exterior por las empresas de inversión extranjera directa por 1.224 millones, sólo superado por el cuarto trimestre de 2008, cuando nuestra economía estaba transitando el periodo más intenso de la recesión internacional.
En 2008 y 2009 se enviaron al exterior por ese concepto más de 3.000 millones de dólares por año (3.563 en 2008 y 3.197 en 2009), que contrastan con los 1.600 y 1.900 millones de dólares enviados por igual concepto en 2006 y 2007, respectivamente.
Entonces, la capacidad de ganancia se desvincula de la situación macroeconómica general; las grandes empresas esquivan la crisis, cargando los costos sobre los trabajadores y los consumidores.
LA PATA POLÍTICA DE LA INFLACIÓN
Centrar el origen del aumento de precios en el aumento del gasto público lleva a reducir el gasto en general, pero en especial el gasto social. La idea implícita de este análisis es “si aumentamos el poder de compra de la población de menores ingresos, ello repercutirá en mayor demanda, en especial de alimentos, y por lo tanto se generarán aumentos de precios”.
En realidad, el aumento parte de la capacidad que tienen las grandes empresas de formar los precios, apropiándose de gran parte del mayor poder de compra de la población.
De la misma forma, el argumento sirve para intentar frenar los aumentos salariales que están discutiendo los gremios, dado que dichos aumentos se irían a precios. Una idea incorrecta, pero que intenta impedir el avance hacia una mejor distribución del ingreso.
El centro hay que ponerlo en los costos de las empresas, del cual los salarios son una parte menor en términos macro (esta relación siempre depende del rubro) y, fundamentalmente, en las ganancias de las mismas.
Si no se interviene en este aspecto, y se pone un límite a la generación de ganancias, sea con controles de precios a través de los costos de las empresas, sea mediante sistemas impositivos altamente progresivos, que desalienten la generación de márgenes de rentabilidad excepcionales, será muy difícil encarar una verdadera distribución del ingreso. Gran parte de ese margen excepcional debe servir para reducir los precios y remunerar adecuadamente a los trabajadores, asegurando niveles de rentabilidad aceptables para las empresas.
Resolver el problema que aqueja actualmente a la economía argentina, donde los formadores de precios se apropian del mayor poder de compra de la población, no es una tarea fácil ni unidireccional. Se requiere revitalizar un Estado que fue desarmado en los noventa, y que no fue reconstruido con la fortaleza suficiente en los últimos años de bonanza, para que afiance el poder de policía que el Estado necesariamente debe ejercitar para cumplir sus funciones. Esto debe ser realizado con especial énfasis, si se desea un modelo de desarrollo centrado en una mejor distribución de los ingresos. Se requieren técnicos que desarrollen los conocimientos suficientes para dar sostén a entes reguladores, para fijar precios sostén y políticas de fomento a la producción; se precisan equipos capacitados para controlar los costos de las empresas, para verificar que las empresas cumplan con los convenios laborales, entre otras tareas importantes.
Paralelamente, es necesario desarrollar mecanismos de participación popular, para que los ciudadanos se involucren activamente en estos cambios.
Y para ello hay que dar una batalla ideológica que tiene que ver con la definición de las causas de la inflación, pero que se centra en la construcción de un modelo de país más popular y solidario.
