Publicado el: 01/04/2010
Crecimiento y Distribución La agenda que viene
Por Carlos Heller
La idea de este encuentro es hablar sobre Crecimiento y Distribución La agenda que viene, y quiero comenzar por hacer algunas reflexiones sobre el tema de la distribución del ingreso, y cómo la vemos nosotros.
Resulta interesante comenzar por realizar una diferencia entre distribución primaria y secundaria del ingreso
En la teoría económica existen dos momentos de distribución del ingreso, que llevan a dos formas distintas, la distribución primaria y la distribución secundaria.
La distribución primaria del ingreso se da en el proceso de la producción, y es la que determina qué porción del valor agregado se va a distribuir a los asalariados y qué porción bruta queda para el capital. La distribución así generada es la que se denomina “distribución funcional del ingreso” y muestra que el trabajo asalariado recibió a fin de 2008 el 43.6% del ingreso total, según los últimos datos del Indec.
La distribución secundaria es la que se realiza por fuera del proceso productivo, y está centrada principalmente en los pagos de impuestos y en las transferencias que realiza el gobierno a las familias, desde jubilaciones y pensiones, hasta planes jefas y jefes y la asignación por hijo. También se incluye en este concepto la redistribución que realiza el gobierno a través de los servicios públicos brindados a la comunidad, como la salud y la educación. Es una redistribución “en especie”, que aumenta en gran medida el bienestar de la población. Porque gastar bien no es sólo hacerlo eficientemente, sino que, además, hay que orientar ese gasto a las necesidades de la población, proveer vivienda social, mejor educación y salud que es una forma de redistribución.
Formas indispensables para cambiar la distribución del ingreso
Para cambiar la distribución primaria hay que intervenir en el proceso productivo, tomar decisiones sobre los salarios pagados y sobre las ganancias de las empresas. En este aspecto las negociaciones paritarias son el eje principal, acompañadas de regulaciones del trabajo que desalienten la flexibilización laboral.
Y este es el punto de partida, y primordial, de la distribución del ingreso.
Y si bien, decidir si la distribución del ingreso se realiza alterando la distribución primaria o la secundaria parece una cuestión técnica, es un tema eminentemente político, porque mejorar la distribución primaria significa achicar las ganancias empresarias. Muchos de los políticos y economistas que mantienen enfoques ortodoxos, también hablan de distribución del ingreso para aggiornar su discurso, y entonces sugieren asistencia a los pobres, ingreso ciudadano. Piden políticas redistributivas a través del Estado pero sin intervenir en las ganancias de las empresas. No es incorrecto utilizar estas políticas redistributivas, que son muy útiles, pero no son las que van a cambiar la esencia del problema distributivo.
La necesidad de redistribuir ingresos es un tema que venimos planteando desde siempre en el Movimiento Cooperativo, lo hemos dicho durante la dictadura, cuando se consumó una espectacular caída en los salarios reales, lo mantuvimos en los noventa, cuando la desocupación y la marginación hacían estragos. Participamos de innumerables actividades y proyectos, como el Frente Nacional contra la pobreza, que recolectó más de tres millones de firmas pocos días antes de aquel aciago fin de diciembre de 2001.
Ayer como hoy, la distribución del ingreso sigue siendo el tema principal, puesto que es parte inseparable del logro de justicia y equidad social.
Y sigue siendo el tema principal porque si bien luego de la crisis de 2001 y 2002 se avanzó en la mejora de muchos de los indicadores sociales, como la reducción de la pobreza e indigencia, creación de empleos y aumento del gasto social, aún queda mucho por hacer en esos rubros. Porque quiero dejar en claro que el único nivel de pobreza que podemos aceptar es cero.
Porque este modelo, que permitió crecer a una tasa promedio del 8.7% entre 2003 y 2008 mostró sus fortalezas, como el mantenimiento de superávit fiscal y superávit comercial, un tipo de cambio competitivo, un fuerte crecimiento industrial y del empleo, pero ello se logró conjuntamente con algunos vicios del modelo como el incremento en la concentración económica, la extranjerización de la economía, y la persistencia de empleo de baja calidad.
Pero una cuestión sobre la que no se avanzó es en la distribución del ingreso, ya que se ha mantenido durante todo estos años de crecimiento un alto nivel de desigualdad. De acuerdo a los últimos datos elaborados por el INDEC, correspondientes al tercer trimestre de 2009, y tomando como base de comparación el mismo período de 2004, los mayores progresos se verificaron en los estratos medios, correspondiente a la mejora del empleo formal y el salario registrado; en cambio, no se produjeron mejoras en los dos deciles inferiores de la escala. El 20% más pobre de la población, que recibía el 4.5% del ingreso total en 2004 no modificó su participación, ya que en 2009 percibía el 4.7%. Una situación que seguramente variará con la universalización de la asignación por hijo, aunque queda claro que aún la distribución del ingreso resulta altamente regresiva.
Intervención del Estado para garantizar una más equitativa Distribución funcional del ingreso
Aparece entonces la necesidad de intenvención del Estado en la distribución funcional, protegiendo el trabajo y el salario como principal fuente de ingresos de la población. Aún persiste una importante cantidad de trabajadores no registrados, una proporción que se vino reduciendo estos últimos años, con políticas activas en ese sentido, pero que en la actualidad llega al 36.2% de la fuerza laboral, una porción todavía muy alta.
La otra gran tarea del Estado es la redistribución de ingresos a través de la política fiscal, que pasa por proveer un nivel suficiente de recursos para sostener los gastos del estado, las transferencias a los grupos de población de menores recursos y a determinados sectores económicos.
La asignación del gasto público es esencialmente un instrumento redistribuidor tanto de dinero como de especie,
En esta tarea del Estado hay tres líneas de acción esenciales para mejorar la distribución del ingreso.
La primera, por lejos, es el importe de las jubilaciones y pensiones , no sólo por la importancia social que tiene, sino por años de atrasos en los haberes y por la magnitud del esfuerzo económico que involucra toda actualización. En todo 2009, el rubro de prestaciones de la seguridad social insumió el 36% de los gastos corrientes totales. Cada 1% de aumento significa una erogación adicional cercana a los 830 millones de pesos anuales. La incorporación de cerca de dos millones de jubilados y pensionados al beneficio, y que por distintos motivos no podían acceder, significó un importante avance en la distribución y en la inclusión .
La segunda línea de acción , es garantizar ingresos mínimos a la población, de forma tal de ir logrando el objetivo de “pobreza cero”.
Para tener una idea de las magnitudes que involucra este tema, vale citar los gastos de la universalización por hijo que alcanzan, con el actual nivel de prestación, a los 9.960 millones de pesos anuales, cubriendo a cerca de 3.400.000 niñas y niños. Este es un ambicioso programa que debe ir creciendo continuamente, y que generó además de una fuerte mejora social, un aumento en la tasa de escolarización, y una importante demanda de bienes .
La tercera línea de acción es la reorientación del gasto hacia la prestación de servicios de calidad a la comunidad, en especial en lo referente a salud y educación. Una sociedad más inclusiva, requiere que todos tengan acceso a niveles adecuados de atención de la salud y elevada instrucción escolar, desde la primaria a la universitaria. Y una buena estructura de transporte, para que las personas se puedan movilizar fácilmente y sin grandes costos.
En este aspecto, la formulación de presupuestos participativos en los distintos niveles de gobierno, resulta esencial para lograr el adecuado direccionamiento y ejecución del gasto.
Distribución e Inflación
Y a esta altura, cabe una observación, muy importante, yo diría definitoria, que es cómo sostener en términos de poder adquisitivo todos esos recursos que se destinan a mejorar la distribución del ingreso.
Porque en la medida que los sectores beneficiados demandan, siempre están las grandes empresas que a través de los aumentos de precios, se apropian de esa mayor capacidad de consumo que se brinda a la población mediante los planes sociales, o mediante aumentos salariales.
Y aquí resulta interesante hacer algunas breves reflexiones, porque muchos de los que se desgarran las vestiduras por el tema inflacionario, son precisamente los que fijan los precios.
Por eso conviene hablar un poco de la inflación, y de los distintos enfoques sobre la misma.
Llama hoy la atención la vuelta de las teorías monetaristas, que deberían estar perimidas, dado el devastador impacto que causaron en nuestra economía, así como su responsabilidad en la gestación de la actual crisis internacional. Pero siguen tan en boga como siempre.
Han renacido las preocupaciones por un desenfrenado un aumento de la emisión monetaria, todas erróneas puesto que en lo que va del año la Base Monetaria, que es donde se centra el origen de la creación monetaria, fue contractiva, es decir que el Banco Central absorbió más pesos que los que emitió. En enero la Base Monetaria descendió $1.032 millones y en febrero $4858 millones. Ello compensa gran parte de la fuerte emisión de diciembre por $11.425 millones, cuando estaba Redrado al comando del BCRA. Pero en realidad, este es el comportamiento estacional habitual, cuando el público requiere dinero para sus gastos de las fiestas, y luego se va desprendiendo a medida que terminan las vacaciones y finaliza la compra de útiles escolares.
¿Por qué, entonces, si hay contracción monetaria se agita el fantasma de la emisión?
La razón es clara, y está íntimamente vinculada con la decisión de la nueva presidenta del Banco Central, Marcó del Pont, de sacar a la institución de su autismo, y reenfocarla hacia el fomento del crédito a las pymes y las economías regionales, una misión especificada en la Carta Orgánica actual, pero que ningún otro presidente cumplió. Esto no agrada al establishment.
También tomó notoriedad la desvalorizada teoría del derrame que ya comentamos y no es difícil encontrar artículos de conocidos economistas que establecen que “primero hay que crecer para luego distribuir”, una opción absolutamente falsa. A lo sumo se puede discutir si se distribuye a medida que se crece, o la opción que creo es superadora, que es condición necesaria para el crecimiento una previa mejor distribución del ingreso.
En realidad, el aumento de precios que se está viviendo se basa principalmente en la puja distributiva, en donde pugnan los salarios por un lado, y la ganancia capitalista por el otro: a mayor salario, menor ganancia.
Sin embargo, resulta interesante hacer una reflexión sobre los mecanismos de esta puja distributiva. Estos meses hubo una intensificación de la inflación, pero no hubo paritarias, por lo que los salarios no aumentaron, a lo sumo algunos pocos gremios que acordaron una suma fija por algunos meses. Lo que aumentó fue el poder de compra de gran parte de la población a través de la universalización de la asignación por hijo, los planes Argentina Trabaja y el aumento de las jubilaciones. Eso no impacta en los costos de los empresarios, no son salarios. Sin embargo, es también parte de la puja distributiva, ya que se están apropiando de la mayor capacidad adquisitiva de la gente aumentando los precios. También se volvió a utilizar reiteradamente la vieja metáfora “los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor”, pero se oculta que en el ascensor, los precios viajan junto con las ganancias empresariales.
Hay que tener sumo cuidado con asociar el aumento de los salarios al aumento de precios, pues no sólo es incorrecto, sino es perverso, porque tiende a congelar o empeorar la distribución funcional del ingreso, y oculta que lo que se persigue es mantener salarios bajos, continuar con precios altos y por lo tanto, aumentar la ganancia. De eso poco se habla.
Para darle a quienes lo necesitan, hay que sacarle a los que más tienen
Una de las notables deudas que mantiene el modelo actual es la falta de modificaciones profundas al sistema tributario. Esta es una de las principales herramientas redistribuidoras de ingreso, a la vez que posee un fuerte impacto en la actividad económica. El sistema actual, heredado de los noventa, posee un pronunciado sesgo regresivo que penaliza el consumo popular, por el cual los que menos tienen son obligados a un mayor esfuerzo tributario. La estructura tributaria actual también impone un freno al desarrollo de las actividades productivas, por las altas tasas de IVA y la existencia de impuestos como el que grava los débitos y créditos bancarios, que traba las operaciones, en especial de las pymes.
Entre otras medidas, habría que:
Reducir los impuestos generales a los bienes de consumo popular, en especial eliminar el IVA a una canasta básica de alimentos, salud y educación, para ir avanzando progresivamente hacia una disminución de la tasa general que se encuentra en los niveles más altos del mundo, teniendo cuidado en que la reducción se aplique a los precios y no vaya a las ganancias de las empresas. Conjuntamente con ello, deben incrementarse los impuestos a los consumos suntuarios.
Rediseñar el impuesto a las ganancias, eliminando las actuales exenciones a las rentas financieras, las operaciones de bolsa y a las ganancias de capital. Incorporar a la recaudación las utilidades provenientes de los dividendos de las sociedades dentro del impuesto personal. Establecer una escala de impuesto a las ganancias personales con mayor progresividad, partiendo de tasas más bajas y llegando a tasas máximas del orden del 40%, como es habitual en muchos países desarrollados.
Sólo reseñé algunas de las medidas necesarias para lograr una distribución más equitativa del ingreso, todas ellas que exigen cuantiosos recursos monetarios y de gestión.
El desafío que se nos presenta hacia adelante, es un desafío de magnitud, porque los cambios necesarios para lograr una adecuada distribución del ingreso tendrían un impacto tan vasto, que significarían profundizar significativamente el modelo actual.
Una rémora que queda de la dictadura es la Ley de entidades Financieras, que fue el eje esencial para la instalación del modelo económico neoliberal de Martínez de Hoz y que se profundizó en los noventa.
Y por eso me comprometí a presentar un proyecto para sustituir la ley actual por una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades. Por eso será una ley de Servicios financieros para el desarrollo económico y social.
La actual Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras deja las operaciones del sistema bancario al arbitrio de los bancos y de la política comercial fijada por cada uno de ellos en función del parámetro de la máxima rentabilidad.
Mi proyecto propone la implementación de aquellos cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país, para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades específicas y a las pymes, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios.
Con la nueva ley se persigue la construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, que constituye uno de los desafíos más importantes, pues se partirá de un nivel extremadamente bajo de financiación de la economía. Entre otras medidas, dotando al BCRA de la misión de establecer encajes diferenciales y cupos para la orientación del crédito a determinados sectores , en especial a las pymes ,y con tasas diferenciales.
Establecer las normas para la constitución de un Banco Nacional Público de Desarrollo, al estilo del BNDES brasileño, para que se impulse el préstamo productivo a largo plazo y esté orientado a fomentar el desarrollo de los sectores más dinámicos.
Lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que llegue a las localidades más pequeñas y a todas las familias. Por eso hay un capítulo dedicado a la Democratización de los servicios financieros, donde se establecen prestaciones básicas a bajo costo o gratuitas. Hay además otro capítulo de protección del usuario financiero, y otro dedicado a la Defensa de la competencia.
En el mismo sentido creo que resulta necesario reformar la Carta Orgánica del Banco Central, que también está entre mis proyectos. Se habla reiteradamente de institucionalidad, aunque esto merece un debate sobre cuál es la institucionalidad que se desea.
El caso de la Carta Orgánica del Banco Central es un buen ejemplo de una institucionalidad derivada de las recomendaciones del Consenso de Washington, hoy fuertemente discutido, que instauró la independencia del Banco Central de la República Argentina, contrariando gran parte de su historia y ejemplos de varios países que mantienen fuertes lazos comunicantes entre la autoridad monetaria y el Ejecutivo.
Se restringió su misión primaria y fundamental a preservar el valor de la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de ocupación, del crecimiento del PIB, de la distribución de la riqueza o del poder oligopólico de los formadores de precios. Tan fuerte fue la impronta ideológica, que en los considerandos del proyecto del PEN bajo la orientación de Domingo Cavallo, se establecía que “la necesidad de estabilizar el signo monetario excede el marco de la equidad en la distribución de los recursos”. Así se intentó otorgar a la restricción monetaria un valor superior a la distribución del ingreso y al sufrimiento de los ciudadanos bajo la pobreza.
Ante estos conceptos, resulta interesante recordar que la anterior Carta Orgánica, que rigió cerca de veinte años, la Ley 20.539 de 1973, establecía su objeto en “Regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”.
De un Banco Central preocupado por el desarrollo económico, se pasó a un Banco Central autista ¿es ésa la institucionalidad que deseamos mantener hacia el futuro?
Hoy se habla repetidamente de la “independencia" del Banco Central, pero ¿es éste un valor esencial de la democracia? En realidad, pareciera que está reñido con la democracia, puesto que le quita al gobierno de turno la posibilidad del manejo de la política monetaria, una herramienta indispensable para definir el destino económico del país.
La política monetaria es una herramienta importante, pero tiene que estar en función de objetivos trascendentales y amplios; no se debe encargar sólo de defender el valor adquisitivo de la moneda, sino que este objetivo debe estar en consonancia con la posibilidad de generar un desarrollo sustentable, con una mejor distribución de los ingresos y la mejora de las condiciones sociales.
También estamos elaborando una Ley Marco para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se propone definir con absoluta claridad las incumbencias y políticas que conduzcan al crecimiento y desarrollo de la actividad económica de las mipymes, abordando no sólo los aspectos productivos, sino también los aspectos legales, previsionales y fiscales aplicables a las mipymes. Y que se inspira en la malograda Copyme, creada durante la gestión de José Ber Gelbard en 1973.
Hay que continuar desarmando el neoliberalismo de los noventa, y es este sentido es esencial fortalecer al Estado que fue desarticulado, una tarea que resulta todo un desafío, pero que hay que comenzar sin demoras.
En ese plan, hay que volver a recrear las Juntas Reguladoras de Granos y de Carnes, estableciendo precios sostén para las producciones que se encuentran con problemas de rentabilidad. Al mismo tiempo, hay que revisar toda la cadena de comercialización para analizar las rentas que se generan en cada una de ellas, detectando aquellas ganancias excepcionales, que generalmente se realizan a costa del ingreso de los productores y del poder de compra de los consumidores.
Si bien hay un entramado legal que es muy complejo, hay que dar una batalla en todos los frentes para recuperar el manejo, como Nación, de los recursos naturales y del subsuelo, para evitar que estos recursos se dilapiden a cambio de mayores rentas privadas. Hay que desarrollar un programa para ir recuperando la prestación, por parte del Estado, de los servicios públicos esenciales, que han sido privatizados en los noventa.
Para contribuir a estas aspiraciones, y darle sustento, hay que dotar al Estado de recursos de su burocracia que han sido barridos con la ola neoliberal. Hay que incorporar inspectores laborales, de precios, analistas de costos de las empresas, técnicos que estudien los problemas sectoriales y regionales.
En realidad, hay que hacer una nueva Reforma del Estado en el sentido contrario a la de los noventa, buscando una mayor calidad de gestión, incorporando a esa gestión estatal la participación de los trabajadores, los usuarios y los productores, desarrollando acciones de democracia participativa.
La Reforma del Estado, del Sistema Financiero y del Sistema Impositivo, son tres pilares básicos para ir fortaleciendo el modelo de desarrollo con equidad que todos deseamos.
El actual momento político
Todos estos comentarios y propuestas los debemos contextualizar en el actual momento político, que está caracterizado por una fuerte puja entre dos tipos de fuerzas centralmente en pugna , las que se oponen abiertamente a la consolidación y profundización del camino emprendido en el 2003 y las que desde distintas perspectivas apostamos a avanzar por el camino de desmontar definitivamente el andamiaje heredado del modelo neoliberal y construir los cimientos de un país soberano, democrático, con justicia social y desarrollo sustentable.
Esta perspectiva requiere una valorización justa de lo realizado y un inventario responsable de lo necesariamente a realizar.
El inventario del medio vaso lleno lo podemos percibir con claridad en aquellas cuestiones que irritan a la vieja y nueva derecha. Se sintetizan en tres ejes políticos centrales: la política internacional independiente y asociada a los nuevos vientos emancipatorios de America Latina, la política de derechos humanos en su doble articulación de memoria y justicia y no represión de la protesta social y la política económica basada en un rol protagónico del Estado interviniendo francamente en tres direcciones, políticas publicas proactivas, políticas económicas contracíclicas alentando el consumo, la producción y el empleo , y financiamiento internacional sin tutelajes de los centros financieros de poder trasnacional.
Cuando decimos que hay que enfrentar la contraofensiva de las derechas para impedir una restauración conservadora no podemos dejar de asumir el conflicto y la tensión resultante. Por ejemplo ¿Qué es un conservador? Alguien que no quiere que haya cambios, quiere que las cosas queden como están porque es una situación que lo pone confortable. Entonces el conservador esgrime las banderas del "no conflicto", "no hagan olas", "quedémonos que así está todo bien".
Y el que quiere cambiar, está proponiendo alteraciones profundas y estructurales , hay una ruptura emergente , hay un conflicto latente y entonces eso a veces es agitado como una cuestión negativa. Pero, ¿es posible el cambio sin conflicto, sin tensión? Para que ello fuera posible quienes se ven afectados por el cambio deberían aceptarlo, no cuestionarlo y resistirlo. Cosa que no ha hecho el poder establecido jamás.
Es evidente que la conflictividad habrá de aumentar en la medida que intentemos profundizar los cambios hacia un modelo de mayor equidad, de redistribución de la riqueza y de eliminación de la pobreza y la indigencia en la argentina, y se evidencia en forma palpable en el conflicto con los entidades agropecuarias, y en esta captación de consumo vía aumento de precios que dificulta enormemente redistribuír. Para profundizar los cambios, será necesario acrecentar la unidad en la diversidad del campo popular, para dar batalla en los ámbitos institucionales del sistema democratico y contar con el respaldo conciente de las grandes mayorías a traves de la participación y de la movilización.
Dentro de esta mirada estratégica vemos algunas vulnerabilidades que debemos superar. Podemos por ejemplo dar cuenta de la necesidad de dar más consistencia a todas las políticas públicas para avanzar más rápido, más extenso y más profundo en la construcción de una democracia participativa y protagónica.
No queremos pecar de voluntaristas y señalar con el dedo índice las asignaturas pendientes del gobierno, tenemos muy claro que los factores de poder que se consolidaron con el neoliberalismio tienen recursos muy poderosos para presionar y apuntan a construir un sentido común que no admita los mejores rumbos emprendidos por el proceso iniciado en el 2003. Y esto se relaciona con el deficit político que debemos asumir en cuanto a la extensión e intensidad de bases reales de sustentación popular necesaria para defender, consolidar y profundizar los cambios realizados que aún resultan insuficientes. Y aquí no podemos desconocer nuestras propias debilidades, las del espacio denominado de centroizquierda o izquierda para articular una acción común frente a la ofensiva restauradora de la derecha neoliberal-conservadora.
El escenario actual nos exige entonces inteligencia y grandeza que se expresa en la fórmula de “articular y construir con lo diverso para confrontar con lo antagónico”.
Esta consigna debe operar como telón de fondo de coincidencias políticas y como guía de la acción práctica. Debe serlo en el terreno de la sociedad civil, de la construcción de fuerza social y política y gran trabajo institucional en el Parlamento.
En la Cámara de Diputados todo nuestro esfuerzo estará direcionado a unificar todas las fuerzas que permitan la superación del orden neoliberal-conservador. En suma: ser flexibles, converger en los puntos comunes con otras fuerzas sociales y políticas conservando nuestra identidad, nuestros valores y principios.
Entendemos que la construcción de una sociedad más justa, mañana, depende de lo que fuimos, de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo, de lo que seguiremos haciendo.
En los próximos dos años se deciden muchas cosas.
El discurso que circula con más impunidad públicamente -en los medios y muchos sectores de la oposición política- incurre en una paradoja notable: invoca a la concordia mientras hacen sonar los tambores de guerra. Hablan de la agresión del oficialismo cuando son ellos quienes descalifican toda iniciativa proveniente del gobierno.
Entonces, los falsos llamados a la concertación que hacen algunos representantes del viejo orden intentan disimular un hecho que se refleja en la dinámica social y política: el conflicto está planteado entre quienes quieren retornar a las viejas recetas neoliberal-conservadoras, y el campo popular que, con sus tensiones y contradicciones, se propone superar un modelo de exclusiones insoportables y exclusivismos indignos.
Decía Abraham Lincoln que “Se puede mentirle a todo el mundo durante un tiempo. Se puede mentirle a una parte del mundo durante todo el tiempo. Lo que no se puede hacer es mentirle a todo el mundo durante todo el tiempo”. Las versiones falaces e interesadas que inundan los grandes medios intentan socavar al Gobierno por los mismos motivos que nosotros lo apoyamos.
Nuestro trabajo parlamentario apuntará a defender el camino emprendido, a profundizarlo, a articular la labor legislativa con las demandas y necesidades de las mayorías populares. Por nuestro origen cooperativista, impulsaremos medidas que favorezcan la economía social, la redistribución progresiva del ingreso, los pasos que otorguen más sustentabilidad a la democracia, dándole mayor densidad participativa y protagónica.
En esa convicción pondremos nuestra energía y nuestra capacidad de trabajo, en la certeza de que la unidad de lo diverso para confrontar con lo antagónico debe encontrar sus caminos de construcción en el seno de la sociedad civil, y también en la disputa que daremos por democratizar más las instituciones representativas.
Frente a los intereses minoritarios del privilegio, cualquiera sea su máscara, opondremos la unidad y el derecho de las mayorías a la construcción de una vida digna de ser vivida.
